El Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, junto a otros trabajadores del mar, presentó una querella contra la ministra de Medioambiente, María Eloísa Rojas C., y miembros del Comité de Ministros, acusándolos de incumplir una sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que favorecía al proyecto Dominga.
Denuncian incumplimiento de fallo judicial y falta de imparcialidad
La querella alega que el Comité de Ministros, en su sesión del 10 de enero de 2025, no respetó las condiciones establecidas en la sentencia del 9 de diciembre de 2024, en la que el tribunal acogió la reclamación de Andes Iron SpA, titular del proyecto Dominga.
Según el abogado Marcelo Castillo Sánchez, representante de los pescadores, esta es la primera vez desde 1994 que un Comité de Ministros no cumple un fallo de un Tribunal Ambiental, lo que podría derivar en responsabilidad administrativa, penal e incluso una acusación constitucional contra los involucrados.
El Código Penal establece que el delito de desacato (desobediencia a una orden judicial) conlleva penas de 541 días a 5 años de reclusión, mientras que la falsificación ideológica, por insertar declaraciones falsas en documentos públicos, puede ser sancionada con hasta 6 años de cárcel y una multa de 365 días de sueldo.
Irregularidades en la resolución del Comité de Ministros
Entre las principales irregularidades denunciadas, se señala que:
- Fallo fuera de plazo: El Comité debía emitir su resolución antes del 31 de diciembre de 2024, pero lo hizo recién el 14 de enero de 2025, excediendo el plazo legal.
- Falta de imparcialidad: Dos ministros subrogantes que participaron en la decisión ya se habían manifestado en contra del proyecto, lo que compromete su objetividad.
- Ariel Espinoza, ministro (S) de Medio Ambiente, había visado previamente un oficio contra Dominga.
- Julio Salas, subsecretario de Pesca y ministro de Economía (S), también firmó un oficio desfavorable al proyecto.
- Incorporación de nuevos antecedentes: La resolución del Comité incluyó elementos no contemplados en los recursos de reclamación, contrariando lo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental.
Acusan presiones políticas y falta de respeto a la institucionalidad
El abogado Marcelo Castillo calificó la actuación del Gobierno como una “dictadura ambiental”, acusando que el rechazo del proyecto responde a un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric y no a criterios técnicos o legales.
«Nunca antes se había usado el aparato del Estado para frenar un proyecto que ha cumplido con todas las normativas ambientales y ha sido validado en instancias judiciales», afirmó.
Los pescadores aseguran que este precedente afecta la seguridad jurídica, la inversión extranjera y la confianza en la institucionalidad ambiental, advirtiendo que el caso Dominga marcará un antes y un después en el desarrollo de proyectos en Chile.
